Proponen industriales una Ley de Datos Personales balanceada

      Sugieren crear ley que guarde un balance efectivo entre protección y libertad de mercado.
 
      Asegurar que los individuos tengan la libertad de   controlar la forma en la que otros utilicen su información personal, será la clave.

Proponen industriales una Ley de Datos Personales balanceada    

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      Sugieren crear ley que guarde un balance efectivo entre protección y libertad de mercado.
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      Asegurar que los individuos tengan la libertad de   controlar la forma en la que otros utilicen su información personal, será la clave.

Ciudad de México (25 de Febrero de 2009).- La Cámara Nacional de la Industria Electrónicos, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), la Asociación Mexicana de Tecnologías de la Información (AMITI), la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), se pronunciaron a favor de una legislación de datos personales que guarde un balance efectivo entre protección y libertad de mercado, y que contribuya así a impulsar la competitividad de México.

"Consideramos que todas las iniciativas y, en su momento, los dictámenes que se trabajen en el Congreso deben buscar un balance, un equilibrio entre la libertad individual de controlar la disposición de los datos personales y la necesidad de que existan mercados de información", dijo Jacobo Esquenazi, Vicepresidente de Gobierno Electrónico de la CANIETI.

Los organismos empresariales se manifestaron a favor de asegurar que los individuos tengan la libertad de de controlar la forma en la que otros utilicen su información, pero sin que ello reste competitividad al país, ni genere efectos negativos en mercados que generan empleos en México. De acuerdo con estos organismos, para ser realmente efectiva, la ley debe de contemplar las siguientes características:

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      Cumplir con los principios que México ha suscrito a nivel internacional a través del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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      Permitir a las personas ejercer control sobre sus propios datos, mediante el ejercicio de sus derechos y al conocer los fines para los que sus   datos son recolectados.
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      Diferenciar entre varios tipos de datos al establecer distintos niveles de protección para estos datos, dependiendo de la sensibilidad de la información (es decir, distinguir el trato entre datos sensibles y no sensibles).
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      No limitar el uso de datos por parte de terceros pero exigir que se establezcan los niveles de protección adecuados y que los titulares de los datos sean notificados previamente.
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      Contemplar modelos de autorregulación sectorial obligatorios y verificables, a fin de generar confianza.
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      No establecer nuevos requisitos de protección para los datos procesados en México que provengan de otras regiones más allá de los que contractualmente se establezcan entre los responsables y los procesadores.
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      Evitar establecer medidas burocráticas o de control. El enfoque de la legislación debe ser el de prevenir daño y solucionar controversias, no el de establecer medidas burocráticas que no otorgan protección y solo establecen más costos (ej. Registros de Bases de Datos).
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      Exigir medidas de seguridad adecuadas, pero sin establecer condiciones técnicas. El nivel de protección que se debe dar a los datos debe ser el mismo que el responsable del manejo tiene para su propia información.
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      El tema del flujo transfronterizo de datos debe estar basado en el principio de responsabilidad y no como lo plantean algunos sistemas que buscan someter a los otros actores a la normatividad local – como el llamado modelo de la adecuación.

Por su parte, Ma. Teresa Carrillo Prieto, coordinadora de la Mesa de Innovación del CEEG, dijo que el modelo de regulación que México aplique tiene que facilitar el comercio de servicios con nuestros principales socios comerciales.  "Una regulación mal diseñada y mal aplicada puede repercutir en el crecimiento de empleos en el sector servicios. En un momento económico tan difícil, esta regulación tiene que ser una herramienta de competitividad, no para crear barreras adicionales al desarrollo económico", subrayó Carrillo.

Agustín Ríos, vicepresidente jurídico de AMIPCI, comentó a su vez: "La ley debe reconocer que los datos tienen un valor intrínseco. Actualmente, la creación de nuevos productos y servicios depende que se establezcan estos mercados de información. Por lo tanto, la ley debe otorgar protección a los individuos sin obstaculizar la generación de valor para las empresas".

Finalmente, Javier Allard, director ejecutivo de AMITI y Miguel Ángel Flores, especialista de protección de datos personales de AMIS convinieron en que es necesario que la ley genere los menores costos posibles para garantizar su aplicación y cumplimiento, tanto por parte del gobierno como de los particulares.

"No consideramos que crear un nuevo aparato gubernamental para este efecto sea lo más apropiado. La autoridad reguladora debe ser un órgano desconcentrado de la Administración Pública dependiente de la Secretaría de Economía y con base en una organización ya existente", agregó Flores.